Resumen: Consta debidamente acreditado, la apreciación de la atenuante de reparación del daño como muy cualificada y el motivo por el que solo se rebajó en un grado la pena impuesta.
Está debidamente acreditada la existencia de un daño moral. Es posible que, en delitos patrimoniales, exista un daño moral complementario a la propia responsabilidad civil causada por el perjuicio patrimonial que afecta a la persona que es víctima de un delito de estafa y va más allá del propio importe de la cuantía estafada. Se ciñe al dolor creado en el sujeto por la frustración personal de haber sido engañado con las repercusiones personales que ello lleva consigo de inquietud, zozobra y ansiedad. En el presente caso, además, está acreditado por prueba pericial.
Resumen: La solicitud de extradición y la orden internacional de detención contienen los hechos imputados, el lugar en el que ocurrieron y el resto de circunstancias necesarias. No puede considerarse prescrito el delito. Competencia de los tribunales: no se puede dudar de la jurisdicción de las autoridades judiciales venezolanas para el conocimiento de los hechos objeto de reclamación, ya que los hechos principales tuvieron lugar en su territorio y también fue allí donde se incautó la droga y donde se obtuvieron las evidencias más relevantes. La solicitud de asilo y protección subsidiaria en ningún caso impide la extradición, sino que tan sólo determinaría su aplazamiento hasta la conclusión de la vía administrativa de dicho expediente. Alegaciones genéricas sobre posible vulneración de derechos humanos que no pueden acogerse.
Resumen: Delito de robo con fuerza en grado de tentativa. En cuanto a la alegada infracción de ley del art. 849.1 LECRIM por considerar que no concurren los elementos del delito de robo, el motivo se desestima porque los hechos probados -cuya intangibilidad debe ser respetada- justifican plenamente el juicio de tipicidad como delito de robo y no como delito de hurto. Por lo que se refiere a la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. Se ha reconocido como simple y se considera que no hay extensión de duración temporal para elevarla como muy cualificada. En cuanto a la pena a imponer, se estima el recurso. Se le impuso en la sentencia de la AP la pena de 9 meses de prisión, pero concurre una atenuante simple y el hecho se encuentra en grado de tentativa, por lo que hay que rebajar la pena a la de 7 meses de prisión.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia de instancia si bien rebaja la pena de multa impuesta por el delito leve de hurto por el que fue condenado el acusado en la instancia. El grado de ejecución del delito: consumación o tentativa, diferencias. La existencia de disponibilidad de los bienes sustraídos como criterio. La aprehensión de los objetos y su disponibilidad. Proporcionalidad de la multa impuesta y su concreción económica: criterios de determinación.
Resumen: El Tribunal afirma que la corrección del progenitor comprende una serie de posibilidades, cómo es advertir, amonestar o reprender al menor, que persiguen la finalidad de educarlo. A su vez, la forma de educar debe ser de manera proporcionada, tal y cómo refiere el Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña. Interpretado así, el significado de la corrección entra en juego el cuerpo de doctrina de la Sala II del Tribunal Supremo, sobre el art. 153.2 del Código Penal y, es que los comportamientos violentos no tienen amparo en el derecho de corrección, ya que una bofetada no es un mecanismo para educar a un menor, comporta el ejercicio de la violencia sobre el mismo y, lo que es más complejo, supone educar al menor en la idea de que la violencia es un mecanismo apto para solventar problemas, en lugar de usar otro tipo de herramientas, cómo es el dialogo con el menor o, reforzar positivamente conductas más éticas y, sin embargo, negativamente aquellas que no lo sean.
El Tribunal considera que no procede aplicar el subtipo atenuado previsto en el art. 153.4 del CP.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: pese a que la mujer le dijo que no quería mantener relaciones sexuales con él, el acusado la forzó a hacerle una felación y la penetró por vía vaginal en dos ocasiones, agarrándola con fuerza y mordiéndola. VIOLENCIA: acto de contenido físico con entidad suficiente para constreñir la voluntad del sujeto pasivo, impidiendo su libre decisión pero que no necesariamente tiene que ser insuperable ni precisar de una resistencia heroica. CONVIVENCIA: supone una agravación debido a que facilita la actividad delictiva, al darse en un marco de superioridad y limitar la capacidad de resistencia de la víctima. no se puede platear su existencia cuando hay una negativa reiterada y explícita a los requerimientos del acusado, incompatibles con una libre aceptación. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA: además de cumplir los requisitos de credibilidad y validez probatoria, la existencia de lesiones, la inmediata manifestación ante otras personas y las secuelas resultantes implican un caudal probatorio de contenido incriminatorio incuestionable.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de estafa. Incumplimiento de las condiciones de traspaso de un local de negocio. Se rechaza la cuestión previa de nulidad por la inadmisión de los medios de prueba propuestos al inicio de la vista oral por vulneración del derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa que podrían haber variado el sentido de la sentencia, por lo que se alega quebrantamiento de las normas y garantías procesales, generándose indefensión. Errónea valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia. Errónea calificación jurídica, al no concurrir las exigencias del delito de estafa: estudios de sus elementos y su apreciación en el caso concreto. Inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada y de la atenuante de reparación del daño.
Resumen: El Tribunal recuerda que la adopción de la orden de protección exige la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos o elementos: 1) existencia de indicios racionales de criminalidad, esto es, datos obtenidos de las diligencias de instrucción que permitan sostener la verosimilitud de los hechos más allá de la mera sospecha o especulación, que permiten atribuir provisionalmente al denunciado la comisión de un delito de los contemplados en el artículo 544.ter.1 LECR , lo que configura la apariencia de buen derecho de la medida; y 2) la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima o sus allegados que determine la necesidad de protección, basada en datos objetivos y actuales, sin que sea suficiente la mera alegación del peligro, lo que configura el periculum in mora de la medida.
Resumen: FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO: el acusado usó sin su conocimiento los datos personales de su anterior pareja para engañar a los organismos oficiales para formalizar la matrícula escolar de su hijo. PRESCRIPCIÓN: es una institución de orden público que exige la comprobación de la supervivencia de la acción penal, que no persiste cuando no hay actuación alguna dentro del periodo establecido contra la acusada desde la fecha del hecho hasta que se le tomó declaración.
Resumen: La Audiencia revoca parcialmente la sentencia que condenó a los acusados como autores de un delito de estafa, absolviendo a uno de ellos y apreciando respecto del otro la atenuante de reparación del daño. Apariencia de compraventa en Internet. La vulneración del principio de presunción de inocencia: exigencias que impone su contenido. Elementos del tipo de estafa. Intervención de quienes prestan su cuenta bancaria para recibir el dinero obtenido fraudulentamente. La ignorancia deliberada y el dolo eventual. Los indicios como prueba de cargo de la intervención consciente del acusado en los hechos enjuiciados. La no autoprotección de la víctima y el deber de autotutela. La prescripción del delito. La atenuante de reparación del daño: sus requisitos. La atenuante de confesión y la analógica de confesión tardía. Necesidad de individualización de la pena impuesta y deber de motivar la pena superior a la mínima. La necesaria adecuación de los hechos probados al título de condena. El error en la valoración de la prueba y la vulneración del derecho de presunción de inocencia.
